ALERTA ANTITERRORISTA

LA nueva alerta antiterrorista dictada el pasado fin de semana por el Gobierno de Bush, aduciendo la posibilidad de ataques contra instituciones financieras del país, ha recibido críticas de la oposición y de algunos influyentes medios de comunicación. Según ellas, los indicios reunidos por la Administración no justifican la urgencia de las medidas adoptadas, ya que se basan en informaciones obtenidas antes de los atentados del 11 de Septiembre. Además, aprecian intereses electoralistas en la alerta, que se suman a las suspicacias por el reciente nombramiento de un nuevo cargo responsable de la lucha contra el terrorismo. El Gobierno, por su parte, defiende la validez de las advertencias e insiste en que se trata de una decisión adoptada con criterios profesionales y no políticos.

Todo ello puede entenderse en el ambiente enrarecido que vive el país derivado de la mezcla de la campaña electoral con las amenazas de Al Qaida. El presidente ha reaccionado ante unas perspectivas electorales que no le son favorables. Sin embargo, más allá del presunto o real electoralismo de la medida, lo decisivo es determinar si la amenaza es efectiva y, sobre todo, si, aunque se trate de una decisión basada en antiguas informaciones, no es cierto que más vale prevenir. Por lo demás, la Administración aduce pruebas posteriores al 11-S, derivadas de la cooperación entre la CIA y las autoridades paquistaníes. Pero, más allá de la polémica suscitada, quizá natural ante la proximidad de las elecciones, lo que no parece fácil negar es que Estados Unidos se encuentra en el punto de mira y bajo las amenazas del terrorismo de Al Qaida. En esta situación, extremar la precaución y las alertas no deja de ser un acto de responsabilidad política.